Junto a ella, se especifican otras actividades que la Administración autonómica deberá impulsar en el marco del juego responsable y que tendrá que llevar a cabo en colaboración con otras Administraciones: realización de talleres y actividades formativas de educación para la salud y la prevención de patologías derivadas del juego en centros educativos, sanitarios, deportivos y socioculturales; fomentar el ocio alternativo; deberán instaurarse protocolos para la detección temprana de la ludopatía y será necesario crear unidades de carácter multidisciplinar para el tratamiento de la adicción al juego Pero no solo en el artículo 5 se consagran medidas de prevención, si no que a lo largo de todo el articulado se irán regulando otras para prevenir comportamientos no responsables relacionados con el juego, como la fijación de distancias mínimas entre establecimientos en el artículo 45 de la Ley o la regulación de normas específicas sobre la publicidad de las empresas operadoras de juego, como veremos en líneas próximas En el artículo 6 de la Ley valenciana se contempla la Estrategia Valenciana Integral de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico de carácter plurianual.
Para su elaboración y seguimiento se creó en julio de la Comisión Técnica de Coordinación Interadministrativa en Materia de Juego.
De composición mixta y multidisciplinar, en la que se darán cita representantes tanto de la Administración autonómica como de la Administración local, esta última desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Al acercarnos a su composición podemos ver que principalmente estarán implicados aquellos órganos con competencias sobre salud, adicciones, asistencia sanitaria, protección de la juventud y la infancia jóvenes y menores y la inclusión.
A tenor de sus funciones, delimitadas en el artículo 2 del Decreto, podemos afirmar que la labor que se prevé llevar a cabo por esta Comisión será muy positiva para conseguir un escenario óptimo de lucha contra el juego patológico, pues desde actuaciones principalmente preventivas sobre un conocimiento cierto y real previo, se podrán ir reduciendo los efectos nocivos de los juegos de azar sin control.
Todo un cúmulo de buenas voluntades en las que el papel de la Administración autonómica será fundamental, por lo que el legislador le recuerda al Gobierno autonómico la necesidad de garantizar los recursos necesarios para que estas medidas y la consecución de tan loables objetivos puedan ser una realidad y no meros propósitos enunciativos vacíos y alejados del escenario real del sector del juego.
Sobre principios esenciales de actuación se han diseñado los basamentos de un nuevo marco de actuación ahora inspirado en criterios de responsabilidad y protección.
Un planteamiento que ha llevado a diseñar un nuevo modelo de juego en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que con vocación preventiva y protectora aspira a dar un giro importante de una realidad realmente preocupante para su población.
Se describen directrices de las nuevas políticas de juego, ahora responsable, de la misma forma que se venía haciendo en Valencia y Extremadura. Para ello, con el propósito de diseñar y proponer las diferentes políticas públicas dirigidas a la prevención de conductas adictivas se crea el Observatorio de Juego Responsable de Castilla-La Mancha, sin duda una apuesta en firme por conseguir mejorar una situación cada día más compleja y preocupante que afecta a los jóvenes manchegos.
Un órgano que integrado en la Comisión de juegos de la Comunidad Autónoma desempeñará una pluralidad de funciones encaminadas a fomentar las buenas prácticas en el sector. Un Observatorio que se ha puesto en marcha pocos meses después de que la Ley entrase en vigor, concretamente con fecha de 10 de julio de , en el que se dan cita representantes de la Administración autonómica con competencias sobre salud pública, infancia y familia, juventud, consumo y educación, de los sectores empresariales y profesionales, representantes sindicales y de consumidores y usuarios, así como de otras Administraciones y corporaciones con la presencia destacada de la Organización Nacional de Ciegos Españoles ONCE.
Entre sus funciones destaca la de promover y elaborar estudios e informes para analizar el impacto del juego en la sociedad y de los efectos de una práctica no adecuada, datos con los que después elaborar propuestas de acciones orientadas al juego responsable; fomentar actuaciones dirigidas a la sensibilización, información y difusión de las buenas prácticas, y realizar campañas preventivas y educativas en colaboración con otras Administraciones.
El Observatorio se financiará, según la cuantía establecida en la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con parte de las cantidades recaudadas en concepto de tasa administrativa sobre el juego.
En el territorio cántabro, como en otros tantos de nuestra geografía, desde hace algunos años se vienen apreciando cambios significativos en el comportamiento de los consumidores de juegos de azar, conductas cada vez más dependientes por lo que el legislador autonómico comenzaría en el año a adoptar algunas medidas restrictivas que afectarían al sector.
Entre aquellas, destacaría la determinación de las distancias entre centros de juego estableciéndose una distancia mínima de metros, muy superior a los metros que se habían acordado anteriormente en el año Muy pronto, como ya ocurriese a nivel estatal y poco a poco en otras Comunidades Autónomas, empezaría a diseñarse todo un escenario de política de «Juego Responsable» que sobre pilares de prevención y de consumo responsable desembocaría en en la adopción de toda una serie de medidas para evitar los efectos nocivos que el juego puede llegar a tener por un mal uso.
Mediante técnicas administrativas de limitación, como el viejo sistema de autorizaciones y licencias, la implantación de sistemas de admisión y control de acceso en todos los establecimientos de juego, o la prohibición de abrir este tipo de locales cerca de centros educativos o de rehabilitación de ludopatías, fueron algunas de esas primeras decisiones que se establecieron en el nuevo escenario de Juego responsable.
En esta ocasión a diferencia de las normas autonómicas que acabamos de ver, Extremadura, Valencia y Castilla-La Mancha, el legislador cántabro ha optado por incluir los principios de actuación de los poderes públicos en relación con el sector del juego desde la regulación del «Catálogo de Juegos» en el artículo 5 de la Ley.
De esta forma, se dirá que el instrumento básico de ordenación de juegos, el «Catálogo de Juegos», deberá elaborarse acorde a unos principios que ya nos resultan familiares: prevención de comportamientos nocivos, transparencia, seguridad en el juego, e inspección y control por parte de la Administración.
No obstante, a estos principios tendremos que sumar otros específicos, y que veremos en el próximo epígrafe, que el legislador ha incluido entre las directrices relativas a la publicidad y a las actividades de patrocinio en el sector.
Será entonces cuando el legislador incluya directrices claras relativas a la protección de menores de edad. Por otra parte, y en armonía a las regulaciones autonómicas precedentes, las medidas que el Gobierno y la Administración de Cantabria deberán desarrollar tendrán como elemento nuclear la prevención del juego patológico.
Decisiones multidisciplinares que deberán llevarse a cabo por distintas administraciones: sanitaria, educativa, consumo y competente en materia de juego como actividad económica.
Campañas informativas, talleres y actividades de educación para la salud y la prevención de adicciones, establecimiento de protocolos de detección precoz y control del juego patológico, creación de un centro integral de prevención e investigación del juego patológico o la implantación de unidades multidisciplinares para el tratamiento de este tipo de conductas, son algunas de esas medidas que se recogen en la ley cántabra y que nos recuerdan a las ya acordadas por el legislador manchego apenas unos meses antes.
Pocos días después de que conociésemos el nuevo marco del sector del juego en Cantabria, veían la luz, con fecha de 2 de agosto de , las nuevas directrices del juego en la Comunidad Foral de Navarra.
Con un horizonte de protección de los más vulnerables al juego, principalmente en relación con las apuestas deportivas, comenzaron los trabajos de modificación de la Ley del juego en el otoño de Los cambios que se estaban experimentando en relación al acceso de menores y adolescentes a este tipo de apuestas en el territorio autonómico hizo saltar todas las alarmas, pero no solo de familias y profesionales que trabajan con los jóvenes, sino también de las asociaciones que se dedican a la prevención de comportamientos adictivos, de centros de investigación sobre patologías relacionadas con el juego, de las administraciones, autonómica y local, y de entidades privadas.
Un reclamo en firme por el cambio, por la adopción de medidas con las que se pretende parar esa tendencia creciente y con las que se logre implantar un escenario de mayor protección y prevención de los grupos vulnerables.
Un propósito en el que el legislador considera esencial la adopción de medidas por todos los agentes involucrados, y para el que será fundamental regular la intervención administrativa de una manera ordenada, pues no olvidemos que estamos ante una actividad económica en cuyo escenario impera la libre competencia, que encontrará su legitimación en la protección de los más vulnerables y en evitar que esta actividad lúdica conduzca a un juego patológico.
En el Título I de la Ley navarra se incluirán varias modificaciones importantes en relación con la política de juego responsable, afectando principalmente al artículo 2. º de la Ley autonómica en su redacción dada desde Por un lado, a los principios generales de regulación, organización y explotación del juego se suma ahora la prevención, un principio de actuación que tendrá como objetivo la protección de las personas vulnerables, menores o personas con discapacidad sin apoyo.
Se añade un artículo 2 bis en el que se confirma la necesidad de que la Administración autonómica debe promover políticas de juego responsable, especificando que se tendrán por tales aquellas en las que el juego se contemple como un fenómeno complejo, en el que deberán combinarse acciones preventivas, de sensibilización, intervención, control y reparación, esto es, deberán diseñarse acciones en tres tiempos, antes, durante y después del juego.
Son tres momentos en los que la Administración tendrá que estar presente, así como otros agentes del sector, en aras a conseguir un escenario cada día más saludable y en armonía con la esencia de la actividad que no es otra que ser un mero entretenimiento De forma muy parecida a la opción acogida por los legisladores cántabro, valenciano y castellanomanchego, en la Ley navarra se incorporan acciones que implican a la administración educativa y que consistirán en programas y talleres para concienciar y prevenir el mal uso del juego; actividades que se desarrollarán en los centros educativos y en el que podrán colaborar las distintas entidades y asociaciones afectadas.
Se incorpora un artículo 2 ter en el que se especifican medidas de prevención, pero en esta ocasión, a diferencia de la elección de los restantes legisladores autonómicos, son medidas dirigidas exclusivamente a las empresas de juegos y apuestas, no a las Administraciones públicas u a otros grupos de interés, como pudieran ser las asociaciones de afectados por la ludopatía Se relacionan las acciones que deben poner en marcha las empresas de juego y apuestas, así como los titulares de portales y sitios web de juego; entre ellas, atender de manera especial a los grupos de riesgo, proporcionar información, informar de las prohibiciones de participación y de acceso de menores y personas vulnerables, impartir cursos de formación, e informar sobre dónde acudir en caso de tener problemas de ludopatía.
Cada día es mayor la preocupación social por proteger a menores, adolescentes y en definitiva a las personas vulnerables al juego, y no solo se trata de un problema para consumidores directamente afectados, sino para la sociedad en su conjunto, pues las posibilidades de acceso a los juegos de azar y a las apuestas son cada día mayores, más fáciles y sin duda, muy atractivas, mientras que las consecuencias de un mal uso son muy dolorosas.
Durante años, grandes empresas, actores y deportistas famosos, numerosos equipos de fútbol de primera división, las principales cadenas de televisión y de radio, y grandes espectáculos, entre otros muchos negocios, han publicitado y han estado patrocinados por casas de apuestas, bingos, casinos, y en definitiva por empresas de juego, llegando a convertirse en importantes fuentes de financiación Una realidad que desde hace un tiempo había que cambiar con urgencia, pues los datos que informaban sobre la relación de nuestros jóvenes, menores y vulnerables con el juego eran devastadores, invocando un giro necesario en las políticas de juego.
Con ese fin, conseguir proteger a nuestros hijos, a nuestros alumnos, vecinos, o simplemente a nuestros jóvenes y vulnerables se convierte en todo un reto para gobiernos, estatal, autonómico y local, administraciones públicas, asociaciones que luchan contra las adicciones, pero también para las propias empresas del sector, pues cada día es mayor la intensidad con la que asumen su rol como oferentes de una actividad económica desde la responsabilidad social.
Herramientas de limitación serán aplicadas en la nueva regulación sobre la publicidad del juego pues se considera necesario realizar el control previo a su puesta en marcha.
Para que los operadores de juego de ámbito estatal puedan realizar comunicaciones comerciales tendrán que obtener el correspondiente título habilitante que, con forma de autorización, le vincularán a una serie de principios, obligaciones y prohibiciones establecidas en el Real Decreto.
Principios como el de responsabilidad social, juego seguro, veracidad en la información, o protección de menores dibujarán un marco nuevo en las actividades de publicidad y patrocinio del juego En esa misma línea, e integradas entre las nuevas directrices que regulan el juego en las distintas Comunidades Autónomas que han ido aprobando las nuevas normas sobre los juegos de azar y las apuestas, se presentan las nuevas reglas sobre las actividades de publicidad y patrocinio que afectan a los juegos que son de competencia autonómica.
Directrices que servirán como medidas preventivas para evitar comportamientos adictivos derivados de un mal uso del juego. Aunque será vía reglamentaria la forma en la que deberán regularse los términos y condiciones de estas actividades, en el propio texto del Decreto-ley ya se recuerda que únicamente podrán efectuar este tipo de acciones de publicidad los titulares de autorizaciones para la práctica de los juegos, y que en todo momento deberá imperar el respeto a las normas generales sobre publicidad, así como las específicas de protección de los menores.
El legislador valenciano por su parte nos presenta las limitaciones de la publicidad, la promoción, el patrocinio y la información comercial, quedando prohibida realizarlas a través de las redes de comunicación social de manera telemática. Tampoco se podrá llevar a cabo la publicidad de los juegos en la vía pública de manera estática ni en los medios de transporte, así como tampoco en el exterior de los locales de juego.
Queda terminantemente prohibida la entrega gratuita de elementos propios de algunos de los juegos de azar, como cartones de bingo, fichas o cualquier otro que permitiese la participación en los juegos.
Los medios de comunicación de titularidad pública cuyo ámbito de emisión sea el territorio valenciano, en parte o en su totalidad, no podrán emitir publicidad relativas a las actividades del juego; en esta línea, las personas que intervengan en aquellos medios no podrán aparecer jugando, ni podrán mencionar o mostrar logos o mensajes relacionados con las empresas de juego.
Como ya apuntamos en líneas previas, hasta hace apenas unos meses era normal que muchas entidades deportivas estuviesen patrocinadas y mostrasen publicidad de empresas dedicadas al sector del juego, una práctica que ya ha sido prohibida por razones de responsabilidad social, dando el legislador valenciano ahora un paso más en este sentido, pues contempla en el artículo 8.
Sin duda todo un giro a una realidad que nos resultaba ya realmente cotidiana. Esa prohibición de publicidad del juego se repite entre las normas castellanomanchegas, aunque con algunas salvedades con relación a la que pudiera llevarse a cabo en el interior de los establecimientos de juego. Junto a estas prohibiciones, el legislador establece la obligación de las entidades de juego de informar y advertir en el interior de sus establecimientos de que la práctica abusiva del juego puede llevar a producir adicción y ludopatía.
En su norma reglamentaria se vuelve, ahora con más detalle, sobre las actividades de publicidad, patrocinio y promoción de los juegos en la Comunidad Autónoma, en armonía con las premisas legales y acorde a los principios del juego responsable.
El órgano competente para resolver deberá emitir resolución en el plazo de un mes desde que fue presentada la solicitud para llevar a cabo las actuaciones publicitarias o de patrocinio, siendo el silencio negativo en caso de no producirse dicha resolución expresa artículos 5 a 11 del Decreto.
Más permisiva parece a priori la normativa navarra, en la que no se parte de una prohibición general de la publicidad y del patrocinio de las entidades de juego, sino que la regla general será la necesidad de comunicación previa a la Administración foral por parte de las empresas del sector que pretendan llevar a cabo las campañas o la publicidad concreta con al menos un mes de antelación.
Ahora bien, junto a la regla general se incluirá un listado de actuaciones que estarán prohibidas relacionadas con las comunicaciones comerciales, la publicidad y el patrocinio de empresas de apuestas y de juego. Un marco de actuación en el que destaca la preocupación constante del legislador por garantizar la protección de los menores y de las familias.
Las entidades de juego deberán promover el uso moderado del juego y tendrán que emitir mensajes sobre la prohibición de este tipo de actividades a menores de edad. Desde la administración autonómica deberá controlarse la publicidad y entre otras se velará para que en la publicidad relativa al juego no se utilicen personas con relevancia social, que pudieran ser referentes para la población y especialmente para los menores.
Tampoco podrán participar en las campañas de publicidad de los juegos profesionales sanitarios o científicos ni asociaciones relacionadas con la salud. Como hemos visto, las normas reguladoras del juego se están diseñando sobre pilares de protección y prevención para evitar conductas patológicas en grupos vulnerables; los menores de edad y las personas cuya capacidad volitiva pudiera estar alterada son los principales colectivos en los que los legisladores, estatal y autonómicos, están poniendo la máxima atención y cuidado en los últimos años.
Sin perjuicio de su faceta como entretenimiento, ocio y recreo de esta actividad económica, el componente patológico derivado de los juegos de azar y apuestas, independientemente de su modalidad, presencial u on line , y la consideración del mal uso de «las máquinas» como verdaderos generadores de enfermedades como la ludopatía, han llevado a gobiernos, administraciones públicas y legisladores a tomar cartas en el asunto.
Tanto instituciones como sociedad somos cada día más conscientes de los efectos nocivos del uso abusivo de esta actividad, una realidad que, derivada en muchos casos de experiencias nada gratas, legitiman medidas y herramientas de intervención en el sector.
Un escenario en el que debemos armonizar las dos caras de una misma moneda, y debemos hacerlo de forma sosegada y racional, sin lanzamientos al aire dejando el resultado al azar y a la diosa fortuna, debemos equilibrar su faceta como actividad económica y como actividad de ocio, evitando que su mal uso nos conduzca a situaciones insanas e incluso destructivas.
Establecer las normas del juego elaboradas sobre principios de responsabilidad se ha convertido en un reto «de obligado cumplimiento» que ha sido acogido por legisladores y Administraciones públicas; la Comunidad Autónoma de Extremadura, preocupada por el impacto de las nuevas modalidades de juego, así como por la proliferación de locales destinados a juegos de azar y apuestas deportivas, unido a la vulnerabilidad de las nuevas generaciones que están creciendo a ritmo de dispositivos electrónicos, decidió tratar la cuestión de forma directa dos décadas después de que la Ley del Juego en su versión original fuese aprobada por el Parlamento autonómico.
Con mayor o menor acierto debemos reconocer que la ordenación del juego responsable, en su nuevo Capítulo VIII, es todo un hito en la regulación sobre juegos de azar y apuestas, un reflejo clarividente de la importancia de asumir roles de responsabilidad por todos los agentes que intervienen en el sector, desde los operadores y prestadores de la actividad, empleados, trabajadores relacionados con las tareas de fabricación y distribución de los elementos de juego, programadores gamers, participantes reales y potenciales, y sin duda, Administraciones públicas.
La necesidad de mantener controles previos a la puesta en marcha de cualquiera de las actividades relacionadas con los juegos, así como conservar herramientas de supervisión y control durante el desarrollo de la actividad, complementadas por el ejercicio de la acción punitiva en caso de irregularidades con forma de infracciones, conducen a diseñar todo un escenario de actuación nada desdeñable para las Administraciones públicas.
Autorizaciones, controles de acceso y admisión, registros de empresas, de limitaciones y prohibiciones, inspección y actividades de supervisión, así como la ejecución de sanciones, son algunas de las piezas que el legislador extremeño nos ofrece en la Ley del Juego revisada en , y a las que nos hemos acercado desde una óptica jurídica a lo largo de estas páginas.
Con el deseo de ver minimizados los efectos nocivos que pudieran derivarse del sector, como jurista, como docente universitaria con alumnos de edades críticas y como madre de dos pequeños, considero que en todos debemos asumir márgenes de responsabilidad sobre el buen o mal uso del juego, sin olvidar que si bien es un sector que puede reportar grandes beneficios económicos desde una óptica empresarial, generando miles de puestos de trabajo, puede igualmente inundar nuestras vidas aún sin darnos cuenta, volviendo tempestad lo que a priori se avecinaba como calma.
Queda mucha partida por jugar en la Comunidad Autónoma extremeña, pues el tablero está falto de parte de la regulación. Pendientes de la normativa sobre el Registro de limitaciones, el Registro de juegos y apuestas, sobre el control de admisión, los juegos en modalidad on line o remota de competencia autonómica, así como sobre el concepto de «zona de influencia de centros de enseñanza» a los efectos de la prohibición de instalar establecimientos específicos de juego.
Junto a ello, establecer las directrices específicas sobre publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y apuestas, y pautas para las apuestas autorizadas en recintos deportivos y en locales específicos, son algunas de las cuestiones y materias sobre las que la Administración extremeña debe continuar trabajando y desarrollando por vía reglamentaria, cuyos frutos confiamos acertados y en un futuro a corto plazo.
Líneas de actuación armonizadas con la nueva normativa, y que considero deben completarse con otras relativas a la reeducación en aquellos supuestos en los que los comportamientos hayan derivado en adicción y sean especialmente delicados. Sin duda todo un desafío, si bien complejo, absolutamente imprescindible.
Un primer impulso, el extremeño, que ha sido secundado por otras Comunidades Autónomas como Valencia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Navarra, Cataluña o la Rioja.
Si bien, dada la naturaleza de este estudio y la extensión del mismo solo hemos podido acercarnos a algunas de estas nuevas normas autonómicas, sin perjuicio de preparar en un futuro próximo un análisis reflexivo sobre la regulación del juego en las restantes Comunidades Autónomas que con firmeza están apostando por un modelo de juego responsable.
Hemos podido ver que en todas ellas se consagran principios de base orientados a la protección de los colectivos más vulnerables y la prevención de conductas adictivas; de cómo en ellas la Administración pública desempeña un papel decisivo en la lucha contra la ludopatía, ese mal a priori incontrolable que afecta a miles de jóvenes sea cual fuere el lugar en el que residan.
Se establecen medidas con las que materializar esos propósitos de protección, de una forma u otra, pero en todas con el mismo propósito: concienciar, enseñar, prevenir, informar y en definitiva educar sobre un juego sano, un juego que sea exclusivamente entretenimiento y siempre controlable por aquel que lo practica.
Unas medidas que involucrarán a una pluralidad de agentes, públicos y privados, y en definitiva a toda una sociedad que se siente vulnerable ante el mal uso del juego.
Hemos visto cómo en todas estas Comunidades Autónomas la publicidad y el patrocinio del juego es uno de los objetivos de regulación de la nueva normativa pues durante años ha sido a través de esa publicidad como se ha alentado a niños y jóvenes a entender erróneamente el juego como una fuente de riqueza, una manera de tener éxito, en definitiva, como una forma de vida.
Vivimos un momento histórico en el que las nuevas tecnologías sitúan delante de nuestros ojos un sin fin de opciones a un solo «clic», y entre ellas infinidad de juegos y entretenimientos que nos hacen desvincularnos muchas veces de nuestra propia realidad.
Los datos absolutos que ese mismo escenario nos ofrece sobre un mal uso de los juegos de azar son abrumadores; el número de menores y de jóvenes que se ven arrastrados por el juego y las apuestas es preocupante y aterrador. Un contexto complicado que reivindicaba la reacción de gobiernos, administraciones públicas, educadores, asociaciones de ayuda a la adicción, del propio sector del juego, en definitiva, de toda la sociedad.
Es entonces cuando el legislador estatal y los legisladores autonómicos comienzan a rehacer el escenario de una actividad económica en la que la intervención administrativa será necesaria y estará legitimada sobre el propósito de salvaguardar la salud de nuestros colectivos más vulnerables, de nuestros jóvenes que, no olvidemos, son el futuro.
Aja Fernández, E. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en España. Balance y perspectivas. Revista del Centro de Estudios Constitucionales , 4 , - Alonso-Fernández, F. Las nuevas adicciones. TEA Ediciones. Blanco, P.
y Martos, C. El juego como adicción social: crónica de una patología anunciada. Alternativas: Cuadernos de Trabajo Social , 22 , 9 - Cantero Martínez, J. El ejercicio de funciones de autoridad por funcionarios interinos a propósito de la jurisprudencia sobre la Policía Local.
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica , 14 , - Cases Méndez, J. La transformación de las políticas públicas de juego de azar en España. Gestión y Análisis de Políticas Públicas , 6 , 75 - Chóliz Montañés, M.
Cases Méndez dir. Thomson Reuters Aranzadi y Fundación Codere. Chóliz, M. y Marcos, M. Adicción al juego en la juventud de la Comunidad Valenciana. Consell Valencià de la Joventut. Dirección de Juego y Espectáculos Buenas prácticas de juego responsable Personal de Hostelería.
Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Fernández Rodríguez, T. La distribución de competencias en materia de juegos de Azar: Problemática y Soluciones. García Caba, M. Los modelos europeos del juego on line. Palomar Olmeda dir. García Canales, M.
La reforma de los Estatutos y el principio dispositivo. Revista Española de Derecho Constitucional , 23 , - García Rodríguez, C.
El marco jurídico de los juegos de azar y la incidencia de las nuevas tecnologías [ tesis doctoral presentada en el marco del Dpto. de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid con fecha de 24 de enero de , y dirigida por los profesores Rafael Caballero Sánchez y Jorge Fernández-Miranda ].
Universidad Complutense de Madrid. Jordano Fraga, J. Grietas en los ejes del modelo constitucional: las funciones reservadas a los funcionarios. Revista Española de Derecho Administrativo , , - López Guerra, L.
y Satrústegui, M. Derecho Constitucional. Los poderes del Estado. La organización territorial del Estado , Tirant lo Blanch. Martín Sanz, V. Juegos y Apuestas. Cano Campos coord. Mayor Menéndez, P. Deporte y juego. Reflexiones a la luz del anteproyecto de Ley de regulación del Juego.
Revista Aranzadi de Derecho del Deporte y Entretenimiento , 31 , - Pérez Camarero, S. Juventud y juegos de azar. Una visión general del juego en los jóvenes. INJUVE, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda Pino Abad, M. Despenalización de los juegos de azar en España.
Revista Vía Iuris, 16 , 11 - Rebollo Puig, M. La actividad inspectora. Díez Sánchez coord. Instituto Nacional de Administración Pública — INAP.
Rivas Castillo, M. Establecimientos y Empresas en Materia de Juego y Apuestas en Andalucía. Fernández Ramos y J. Pérez Monguió coords. Instituto Andaluz de Administración Pública.
El juego responsable como soporte en el diseño jurídico de un nuevo tablero. Revista Española de Derecho Administrativo , , 61 - Roca Fernández-Castanys, M.
Régimen jurídico-administrativo del derecho de admisión en establecimientos públicos. Especial referencia al caso andaluz. Revista Aragonesa de Administración Pública , 36 , - Ruiz-Navarro Pinar, J.
La libre prestación de servicios de juegos de azar: la normativa europea y reflexiones sobre la futura legislación española del juego online. Asamblea: Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid , 19 , - Sobre la aplicación de la cláusula del artículo Reflexiones que años más tarde compartiría el profesor Mayor Menéndez Sobre esa distribución en el sector del juego ver las reflexiones del profesor Fernández Rodríguez , pp.
º […]». Competencia para la autorización de Apuestas a nivel nacional y en el ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma: «Corresponde al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y, concretamente de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado, ejercer la competencia, de conformidad con la normativa vigente, para la autorización del desarrollo de topo tipo de apuestas, cualquiera que sea el soporte de las mismas, boletos, medios informáticos o telemáticos, siempre que su ámbito de desarrollo, aplicación, celebración o comercialización abarque el territorio nacional o exceda de los límites de una concreta Comunidad Autónoma.
Se autoriza al Ministerio de Hacienda para dictar cuantas disposiciones de desarrollo fueran necesarias para el mejor cumplimiento de lo previsto en la presente disposición». Sin embargo, las restricciones que impongan deben cumplir los requisitos que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con su proporcionalidad […]».
La entidad Internet Casino Inc. ofrecería a partir del 18 de agosto de ese año 18 juegos de casino diferentes, así como el acceso on line a la National Indian Lottery, sin duda toda una revolución.
Actualmente hay miles de páginas web dedicadas al juego, en Cases Méndez pdf — última consulta: ]. En cuanto a la protección de esos grupos vulnerables, personas con adicción y menores, representa una de las preocupaciones y acciones que compartimos con otros legisladores de nuestro entorno, como en el país galo, en el que después de cinco siglos de monopolio del sector del juego, por fin en se aprobaba la ley francesa que regulaba el sector de las apuestas y juegos de azar en línea; una norma en la que no solo destacará la apertura del sector a un mercado internacional, sino también las medidas de prevención de la ludopatía y la protección de los menores.
En su artículo 5 se consagra la prohibición a los menores de participar en los juegos de azar; los operadores deben incluir en la plataforma del juego online un mensaje de advertencia de la prohibición de acceso a los menores de edad, quienes deberán incluir su fecha de nacimiento en el momento de la inscripción y cada vez que intenten acceder una práctica ya habitual en las páginas web de las empresas españolas que ofrecen servicios de juego en modalidades online ; otra medida preventiva que establece el legislador francés en relación con este colectivo es la prohibición a los operadores a financiar la organización de eventos destinados a los menores de edad.
Sobre la Ley francesa del juego y de terceros Estados ver García Caba , pp. El juego patológico es un trastorno de conducta, reconocido como tal por la Organización Mundial de la Salud OMS , esta en el año definió, el juego patológico como un trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida de la persona enferma en prejuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares; esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de las consecuencias sociales adversas tales como perdida de fortuna personal, deterioro de las relaciones familiares y situaciones personales críticas.
En el año la Asociación Americana de Psiquiatría APA en inglés estableció la ludopatía como una adicción sin sustancia, por sus similitudes en la expresión clínica, origen, comorbilidad física y tratamiento con el resto de adicciones al alcohol, tabaco y drogas ilegales.
Para las personas con este trastorno, han adquirido un hábito del que se sienten incapaz de desprenderse y el placer de jugar se convierte para ellos en una sensación de malestar y continúan jugando a pesar de repetidos esfuerzos para controlar, detener o disminuir su comportamiento.
Hay determinadas señales que nos alertan de tener una conducta riesgo en relación con el juego, entre ellas están:. En el caso de verse reflejado en 4 o más de las señales antes indicadas debería de ir a un especialista para que le pueda ayudar.
Impacto del Juego problemático. MITO: "Si continúo jugando, mi suerte cambiará y podré recuperar el dinero que he perdido".
VERDAD: Las posibilidades de ganar no cambian porque juguemos más, ya que el resultado cada vez que jugamos es independiente de las apuestas realizadas anteriormente: tus posibilidades de ganar no cambian con el tiempo.
VERDAD: El resultado a obtener por una apuesta no está afectado por haber estado a punto de acertar anteriormente. MITO: "Si hago mi apuesta en este punto de venta, o con este bolígrafo tengo más posibilidades de ganar". MITO: "Mi conocimiento sobre los números que han salido aumenta mis posibilidades de ganar".
VERDAD: En los juegos de números, el ganar solo depende de la suerte, no de nuestros conocimientos o habilidades. Son aquellas buenas prácticas, medidas y herramientas que se implementan por los operadores con el objetivo de reducir o eliminar los impactos negativos que el juego tiene en algunas personas y en especial en los grupos más vulnerables.
El compromiso de Loterías con el juego responsable se ve reflejado en la implantación de las mejores prácticas de juego responsable y en las medidas implantadas. Desde el año Loterías está certificada en el estándar de buenas prácticas de Juego Responsable de la Asociación de Loterías Europeas European Lotteries.
Anualmente es auditada por un entidad externa para verificar el cumplimiento de dicha Asociación. El modelo de gestión de Juego Responsable de Loterías, sigue los diez apartados definidos en el Estándar de Juego Responsable de EL: Investigación, formación a empleados, formación a agentes de ventas, diseño de juegos, canales de juego remoto, publicidad y marketing, derivación a servicios tratamiento, información a jugadores, diálogo con grupos de interés, reporte y certificación.
Missing Mediante el juego, los estudiantes son capaces de entender y adquirir el valor de la responsabilidad. Estos son adecuados para trabajarla desde la escuela La tercera disciplina sirve para asegurar que todos los integrantes del equipo estén enterados del marcador en todo momento
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